El proyecto de ley presentado por la Comisión de Constitución del Senado no solo amenaza el ejercicio periodístico, sino que debilitaría todo el ecosistema que permite investigar, verificar, preservar y compartir información de interés público, incluida Wikipedia.
Por Patricia Díaz Rubio
Directora ejecutiva de Wikimedia Chile
A pesar de que su discusión fue postergada por el Senado hasta nuevo aviso, la llamada “Ley Mordaza 2.0” sigue levantando críticas por los efectos negativos que podría tener en el ejercicio del periodismo.
La iniciativa, que fue presentada por los senadores Paulina Núñez (RN), Pedro Araya (PPD), Luciano Cruz-Coke (Evolpoli), Alfonso de Urresti (PS) y la entonces senadora Luz Ebensperger (UDI), plantea sancionar a quienes incumplen su deber específico de reserva de las investigaciones judiciales en curso. El proyecto también agrega una responsabilidad penal para quien, “sin causa justificada”, difunda o divulgue antecedentes, piezas u otra información de una investigación penal, lo que incluiría a periodistas y comunicadores.
El proyecto tiene una motivación legítima, ya que existen varias razones (la privacidad de víctimas y personas imputadas, la presunción de inocencia, la seguridad de testigos, la integridad de diligencias en curso o la eficacia del proceso) por las que una investigación judicial debería mantenerse en secreto y no poder publicarse. Pero, una vez que alguno de esos antecedentes ha visto la luz, ¿es justo castigar al mensajero, o el foco debería estar en quienes están realmente obligados a guardar esa reserva y en qué tipo de antecedentes deberían resguardarse?
Los defensores del proyecto sostienen que no se busca limitar el acceso a la información, y que el ejercicio periodístico estaría protegido de la expresión “sin causa justificada”. Sin embargo, esa fórmula no constituye una excepción expresa ni entrega suficiente certeza sobre las condiciones de su aplicación. Un periodista, editor, medio u organización tendría que decidir si publica algo sin saber de antemano si un fiscal o un tribunal considerará, posteriormente, que su causa estaba justificada. Esa incertidumbre podría generar un efecto de autocensura que daña el sistema informativo.
Esto también afecta a las fuentes, cuya confidencialidad no depende únicamente de la discreción del periodista, sino de que los canales para recibir, investigar y publicar los antecedentes. Cuando quien recibe la información puede pasar a ser imputado, aumenta la posibilidad de identificar indirectamente a quien filtró, y disminuyen los incentivos para denunciar irregularidades, aunque sean de interés público.
Esto redunda, finalmente, en un ecosistema informativo menos plural, más débil y donde aumenta la dependencia de las versiones oficiales. Eso es especialmente grave porque el periodismo no cumple solamente la función de “entregar información” sino que también contrasta versiones, descubre contradicciones y permite corregir el registro público. En los casos donde el periodismo se debilita, la información que incomoda al poder termina por desaparecer de los medios formales y reaparece fragmentada, descontextualizada en cuentas anónimas o por mensajería privada, y con pocas posibilidades de verificación. La integridad de la información que se busca cuidar con este tipo de proyectos se reduce, y la desinformación se desplaza hacia circuitos menos confiables.
Así, toda la infraestructura de conocimiento público se ve afectada , lo que incluye las fuentes, la investigación periodística, el debate social, los espacios de verificación y las plataformas en línea que los replican. Cuando se restringe excesivamente la circulación de información en una de sus etapas, se empobrece todo el ecosistema. Y en el caso de los entornos digitales, además, menos información pública y verificable significa también resultados de búsqueda menos completos, verificaciones más difíciles y sistemas automatizados que aprenden de un registro público más pobre.
El proyecto de ley que busca limitar las filtraciones y proteger las investigaciones judiciales ya está sobre la mesa, pero su avance debería depender de su capacidad de asegurar que toda restricción penal a la circulación de información sea precisa, necesaria, proporcional y compatible con el interés público. Por ello, la obligación de reserva debería concentrarse en quienes tienen jurídicamente ese deber y no trasladarse a quienes reciben o publican la información, ya sean periodistas, medios de comunicación, investigadores, instituciones fiscalizadoras, repositorios de información en línea como Internet Archive o Wikipedia, o la ciudadanía lectora.
Proteger la información de interés público no tiene sólo que ver con la prensa; se trata también de quienes necesitan contrastarla, investigarla, archivarla y transformarla en conocimiento accesible para todas las personas, en especial cuando se trata de delitos graves, la defensa de derechos humanos, la rendición de cuentas de las autoridades y otras materias que afectan a la ciudadanía.
Columna publicada en Fast Check CL
Imagen: Periodistas en Radio-Canadá/CBC, Montreal, Canadá (1994). Dominio Público
Sobre la autora:
Patricia Díaz Rubio
Directora ejecutiva de Wikimedia Chile
Comunicadora social y periodista (UCH), con estudios en patrimonio cultural (USACH). Tiene un magíster en Comunicación política local (U. de Orléans) y un magíster en Estudios del desarrollo (IEDES Panteón-Sorbona). Cuenta con amplia experiencia en gestión y difusión en proyectos de cultura, patrimonio y memoria en formatos y lenguajes digitales. Es parte de la red Open Culture de Creative Commons.