Nuestra organización se sumó a una declaración firmada por 17 entidades locales, expertas en derechos humanos, tecnología, periodismo e infancia, quienes hicieron un llamado a no utilizar la Clave Única como mecanismo de verificación de edad en plataformas digitales, justo cuando la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar tres proyectos de ley refundidos que buscan restringir el acceso de niñas, niños y adolescentes (NNA) a redes sociales, sitios de apuestas online, videojuegos en línea y chats con inteligencia artificial.
En una declaración conjunta firmada por diecisiete organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, Digital Action, Wikimedia Chile y ONG Amaranta, reconocen la urgencia de proteger a la niñez frente a riesgos reales en internet, como el grooming, la explotación sexual, el acoso y la manipulación algorítmica. Sin embargo, advierten que la propuesta de usar la Clave Única para verificar la edad de acceso a redes sociales podría crear un registro centralizado y trazable de la actividad de cada usuario, aumentando los riesgos de vigilancia, filtraciones y uso indebido de datos personales.
Danny Rayman, director de Incidencia y Políticas Públicas de Wikimedia Chile, se refirió a la importancia de la identidad digital y el resguardo de la privacidad de las personas que se expondría a riesgos por el uso de la Clave Única, señalando que “cuando las personas leen, opinan, buscan ayuda, exploran su identidad o acceden a redes de apoyo, lo hacen amparadas en una expectativa de privacidad. Atar esa actividad a nuestra identidad digital cambia el riesgo por completo, ya que restringe esa expectativa de privacidad y expone de forma desproporcionada información sensible de las personas”.
Vladimir Cortés, director regional de Digital Action para América Latina, sostuvo que “la Clave Única no es una contraseña cualquiera. Es la llave maestra que abre los trámites de salud, impuestos y otros servicios con el Estado. No tiene sentido entregarle esa llave a TikTok o a Instagram solo para confirmar la edad de un adolescente”.
Las organizaciones firmantes sostienen que el debate no debiera reducirse a quién puede acceder a una plataforma, sino a quién debe hacerse responsable de que esos entornos sean seguros desde su diseño, exigiendo a las empresas obligaciones claras como la limitación en la recolección de datos de NNA, configuraciones de privacidad por defecto y mecanismos de denuncia accesibles.
“Proteger a niños, niñas y adolescentes en internet es urgente, pero esa urgencia no debe llevarnos a soluciones simples para problemas complejos que terminan generando nuevos riesgos. Chile tiene la oportunidad de construir una regulación seria, basada en evidencia y centrada en los derechos de la niñez, que exija a las plataformas medidas concretas para reducir contenidos y sistemas de retención que afectan desproporcionadamente a NNA, personas LGTBIQ+ y otros grupos vulnerables, exigiendo medidas de debida diligencia y responsabilidades reales cuando no actúan”, señaló Karen Vergara, presidenta e investigadora de ONG Amaranta.
Con la aprobación de la idea de legislar, los proyectos (18.224-18, 18.246-18 y 18.318-19) que abordan de manera conjunta la restricción de acceso a redes sociales, apuestas online, videojuegos en línea y chatbots de IA, continuarán su tramitación en la Comisión, instancia en la que las organizaciones firmantes manifestaron su disposición a seguir participando junto al Gobierno, el Congreso, la academia y los propios niños, niñas y adolescentes, para construir una política pública que los proteja de manera efectiva sin sacrificar la privacidad, la seguridad y la libertad de expresión.
La declaración fue firmada por Digital Action, Wikimedia Chile, ONG Amaranta, Confianza Digital, ABOFEM, ACHNU, Corporación Humanas, Corporación La Caleta, Corporación Miles, Derechos Digitales, Fundación Kamanau, Intransigentes, la Chispa Digital, Libertech, el Colegio de Periodistas de Chile, el Observatorio del Derecho a la Comunicación y la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir.